Comisiones Obreras de Cantabria | 19 abril 2024.

2007-2017: 10 años de precarización

    Termina 2017 y Cantabria no sale bien parada. Tras diez años desde que comenzara la crisis y desde que se aprobaran medidas estructurales vendidas como coyunturales que atentaron contra el trabajo y contra los derechos sociales, la Comunidad Autónoma ha cambiado su fisionomía social.

    29/12/2017.
    Carlos Sánchez interviniendo durante la asamblea. Foto: Pedro Puente

    Carlos Sánchez interviniendo durante la asamblea. Foto: Pedro Puente

    No hemos salido indemnes. Y quizá, como decía Unai Sordo, secretario general de CCOO, el pasado 15 de diciembre en Santander, se demuestra que lo que pretendía el poder con las medidas tomadas ante la crisis no era solucionar una emergencia sino cambiar la fisionomía social del país. Parece que lo ha conseguido. Cantabria llega al final de 2017 agotada. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2017 tenemos menos personas activas (6.400; un 2,3% menos), muchas menos personas ocupadas (25.300 personas; un 9,5% menos); 18.900 parados más en 2017 que en 2007 (un 120% más). La tasa de temporalidad en los contratos no baja del 93% y el PIB Per cápita de la comunidad autónoma está anclado en unos 22.156 euros en 2017 (sin llegar a los 22.436 de 2007). No es que no se haya recuperado la riqueza personal anual de 2007, es que se ha perdido mucho respecto a esa fecha. En estos 10 años, la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) ha sido del 16,6%, lo que significaría que para mantener el poder adquisitivo el PIB per cápita de Cantabria debería llegar a los 26.160. La brecha es un abismo que se traduce en los hogares.

    Según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), todos los índices de calidad de vida se han desplomado y, a pesar del crecimiento sostenido de la economía durante los últimos 3 años, ninguna política pública -la mayoría asistencialistas, restrictivas y cortoplacistas- ha logrado nivelarlos. A finales de 2016 un 6,2% de los hogares tenía retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal (el triple que en 2007) y un 17,4% de las familias no lograba mantener la casa a una temperatura adecuada (cuando en 2007 era un 4,2%). El riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión era una amenaza todavía para uno de cada cuatro hogares cántabros (24,6%). De hecho, según la Tasa Arope de la Unión Europea, cuando empezó 2017, el 70,4% de los desempleados (41.187) y un 17% de los ocupados (37.055 trabajadores) de Cantabria estaban en riesgo de pobreza y exclusión social.

    ¿Nos hemos acostumbrado a la precariedad?, ¿por qué arrastramos estas cifras?  "No hay que caer en el catastrofismo pero sí hay que señalar a los responsables políticos de Cantabria que la falta de valentía política y la ausencia de un tejido productivo de futuro está enquistando la precariedad como una forma de vida", explica Carlos Sánchez, el secretario general de CCOO Cantabria: "Y eso, la precarización de nuestra sociedad, no lo podemos aceptar".

    CCOO de Cantabria considera que no hay tejido productivo real cuando, a 1 de enero de 2017, el 53,96% de las empresas no registraba ni un empleado y otro 29,39% decía tener entre 1 y 2 empleados. "Estamos hablando de una realidad plagada de autoempleo, falsos autónomos, subempleo e, incluso, un cooperativismo de papel. No hay industria ni se crea valor agregado y eso se traduce en una situación laboral dramática", explica Sánchez.

    El esperpento estatal

    La realidad cántabra no es ajena a la del resto del Estado. La dirección confederal de CCOO ha hecho balance de 2017 y considera que el Gobierno de España no presta atención a las políticas económicas y sociales necesarias para que las ciudadanas y ciudadanos tengan un presente digno y un futuro ilusionante.  El Gobierno presume de crear empleo, pero la fuerte precarización del mismo y su limitada remuneración y cotización no ayudan a mejorar, como se merecen, las economías familiares, ni a sanear las cuentas de la Seguridad Social. "Seguimos instalados en un modelo productivo que nos aleja de los países avanzados de la Unión Europea por su mezquina resistencia a impulsar la inversión en industrias y empleos de mayor valor añadido", recuerda Unai Sordo.

    CCOO lamenta también cómo el Gobierno ha impedido el avance de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Renta Mínima para la que nuestro sindicato y UGT consiguieron 700.000 firmas y denuncia la inactividad del Ejecutivo y del Parlamento en la negociación sobre el futuro del sistema público de pensiones.

    "Las tensiones políticas entre la Generalitat y el Estado no pueden ni deben servir de excusa para explicar la escasa o nula atención del Gobierno a las políticas de empleo o negociación colectiva, el futuro del sistema público de pensiones, la fiscalidad o la renta mínima, y una más contundente y decidida política de Estado contra las violencias machistas", concluye Sordo.
     

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