Comisiones Obreras de Cantabria | 16 abril 2024.

Piden el cese de los concejales Urraca y Portilla por una “locura política” en Servicios Sociales que vulnera derechos laborales y de la ciudadanía

  • La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento critica que en lugar de enmendar un “grave error político” están en una huida hacia adelante
  • La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria ha registrado un escrito solicitando la nulidad de un proceso de contratación iniciado en 2017 y exigiendo una nueva convocatoria

25/01/2019.
Ayuntamiento de Torrelavega

Ayuntamiento de Torrelavega

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Torrelavega ha exigido al alcalde de la ciudad, José Manuel Cruz Viadero, que cese de manera inmediata a los concejales de Personal y de Servicios Sociales, José Luis Urraca y Patricia Portilla, respectivamente, por una “locura política” en la gestión del departamento de Servicios Sociales que “está causando daños irreparables y que lesiona derechos, pérdida de dinero público y perjudica hasta la salud de los y las empleadas municipales”.

Los delegados del sindicato no dan crédito a la ultima ocurrencia del Ayuntamiento de Torrelavega, que quiere resucitar ahora el proceso para cubrir una plaza de trabajador social que se inició hace dos años y que está parado casi desde su origen.

No sólo eso, sino que se trata de una convocatoria que, además de llegar tarde, es nula porque vulnera incluso el acuerdo del pleno que autorizó el nombramiento de un asistente social con recurso a la lista de reserva de 2016 para sustituir a una persona de baja, que en la actualidad ya se ha reincorporado. En ese mismo pleno, se acordó el nombramiento interino temporal de un psicólogo, puesto del que, denuncian, no se ha vuelto a saber nada.

Por ello, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Torrelavega solicitando la “anulación del actual proceso selectivo para la provisión como funcionario interino temporal, mediante concurso-oposición, de una plaza de Trabajador Social, por entender que es nulo”. Asimismo, se insta al organismo competente a poner en marcha “una nueva convocatoria para cubrir todas las necesidades de personal en el departamento de Servicios Sociales a la mayor brevedad posible”.

“Estas plazas ordenadas y justificadas que nunca sacaron eran para incorporación inmediata, entre otras cosas, para tramitar las ayudas del fondo extraordinario de 2017. Sin embargo, el concejal de Personal hizo caso omiso y provocó que los y las vecinas de Torrelavega no recibieran los servicios básicos esenciales a los que tenían derechos y que encima se tuvieran que devolver 50.000 euros de subvención por no cumplir la orden de subvenciones del Gobierno de Cantabria”, ha relatado Daniel González, delegado de CCOO en el Consistorio torrelaveguense, que acusa además a la concejala Patricia Portilla, de “pisotear los derechos de las trabajadoras de ese servicio, ordenando la apertura de un expediente informativo para responsabilizar a este personal de la pérdida de una parte del fondo. Un expediente que ha resucitado cuando han transcurrido casi dos años para que las trabajadoras presenten alegaciones. Está claro que quieren tapar sus nefastas decisiones vulnerando derechos fundamentales de las trabajadoras del departamento”.

La mala marcha del servicio no sólo atañe a la irregular gestión del personal sino que abarca también negligencias en la organización del propio departamento de Servicios Sociales. La Subdirección de Protección Social del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ya alertó al Ayuntamiento de que es inviable tratar de resolver las solicitudes a finales de año “si la intención es gestionar el fondo correctamente” cuando las ayudas son anuales.

Los y las trabajadoras de este departamento soportan factores de riesgo muy elevado, tal y como recoge el estudio realizado por la Mutua Laboral en 2017, que requería intervención inmediata del Ayuntamiento. “Tras la denuncia a la Inspección de Trabajo, que ya está corroborando que no se ha tomado ninguna de las medidas propuestas para resolver los riesgos existentes, estamos a la espera de la resolución”, ha señalado Daniel González.

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