Comisiones Obreras de Cantabria

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Asamblea 15 de diciembre

martes 5 de diciembre de 2017

Los sindicatos comprometen al Gobierno a incluir las cláusulas sociales en la contratación y a crear la oficina de transparencia y lucha contra el fraude y la corrupción

• CCOO y UGT negocian directamente con el presidente y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria sobre los presupuestos a pesar "de que no buscaron el consenso social" • Las centrales sindicales apoyan la regulación de la Renta Social Básica pero critican la tibieza de la reforma fiscal • La oficina de transparencia y lucha contra el fraude y la corrupción deberá ser independiente y estar adscrita al Parlamento

Carlos Sánchez, secretario general de CCOO, y Mariano Carmona, de UGT, en rueda de prensa

Carlos Sánchez, secretario general de CCOO, y Mariano Carmona, de UGT, en rueda de prensa

Los máximos responsables en Cantabria de Comisiones Obreras, Carlos Sánchez, y de UGT, Mariano Carmona, están satisfechos con dos de los compromisos que han arrancado al Gobierno de Cantabria: la inclusión de la cláusulas sociales en la contratación pública y la creación de una oficina o agencia de transparencia, lucha contra el fraude y la corrupción.
 
"El Gobierno perdió la oportunidad de negociar o de discutir el presupuesto para llevarlo al Parlamento con mayor consenso social, pero decidimos no tirar la toalla e intentar alcanzar un grado de compromiso", explicaba Carlos Sánchez.
 
La negociación ha sido directa con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y supone que en el primer trimestre de 2018 el Ejecutivo debe gestionar en el parlamento las herramientas para que las dos medidas entren en vigor. Las cláusulas sociales suponen que todos los contratos suscritos por el Gobierno autonómico obliguen al cumplimiento de criterios de respeto a los derechos laborales, ambientales o, incluso, de comercio justo. La oficina de transparencia, según el acuerdo alcanzado, deberá ser independiente y dará seguimiento a las ayudas y subvenciones concedidas por el Gobierno y colaborar a que "aflore la inmensa economía sumergida que hay en Cantabria".
 
Carlos Sánchez, secretario general de CCOO de Cantabria, ha insistido en que se negocia en un momento de crecimiento sostenido de la economía y por eso es sangrante que no se recuperen derechos. "Nos parece descabellado que a pesar de la recuperación de la economía la situación del empleo no mejore. Es el mayor presupuesto de la historia de Cantabria, pero se mantiene la brecha social, la alta precarización del empleo y la reiterada pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios".
 
Por eso, Mariano Carmona ha insistido en la rueda de prensa en la necesidad de la nueva regulación de la Renta Social Básica. "El 54% de los parados de Cantabria no tienen ninguna prestación y a las personas hay que darles alguna solución. He percibido en la mesa [de negociación] que sí se va a hacer. Quedará por determinar qué partida se dedica a este tema y de dónde la quitamos".
 
Una reforma fiscal insuficiente
La dotación presupuestaria para la futura Ley de Renta Social Básica, que debe caminar con rapidez al inicio de año según lo acordado, necesita de fondos. Por eso, CCOO y UGT no entienden la tibieza de la reforma fiscal. "Nos gustaría que se hubiese negociado con nosotros porque deja mucho que desear en materia de equidad, solidaridad y progresividad. No entendemos que haya que dar una renta social básica y que haya que bajar los impuestos", explicaba esta mañana Mariano Carmona: "La reforma fiscal debería ser más dura para descargara carga impositiva sobre las rentas más bajas y cargar sobre las rentas más solventes".
 
Ambos sindicatos ven esta negociación como una apuesta de la "unidad de acción" para lograr "recuperar derechos perdidos" en lugar de hacer "una enmienda a la totalidad". Aunque CCOO y UGT hacen una valoración positiva de los acuerdos, sí señalan las carencias de los presupuestos: no hay medidas reales para un cambio de modelo productivo; el Gobierno sigue con viejas fórmulas de estímulo de empleo que ya no son efectivas; no hay partidas específicas para la recuperación del Consejo Económico Social (CES), el Consejo de la Mujer y el Consejo de la Juventud, y no hay un proyecto real para el estímulo del sector primario.
 

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