CCOO denuncia que tres empresas públicas dependientes de Sanidad mantienen de forma irregular a personal contratado en fraude de ley

  • Las Fundaciones Marqués de Valdecilla e Idival así como el Hospital Virtual Marqués de Valdecilla cuentan con el 60% de su personal al margen de la legislación laboral
  • El sindicato ha presentado el 6 de marzo 34 demandas de trabajadores y trabajadoras en el ORECLA solicitando la reconversión de sus contratos en indefinidos

13/03/2020.
Representantes sindicales de empresas públicas del Gobierno de Cantabria de la FSC

Representantes sindicales de empresas públicas del Gobierno de Cantabria de la FSC

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado el fraude de ley en la contratación que desde hace años han instaurado los responsables de la Fundación Marqués de Valdecilla, del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (Idival) y del Hospital Virtual Marqués de Valdecilla, empresas públicas dependientes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

Para CCOO, es intolerable la situación que soportan desde hace años, algunos desde hace más de 15, los y las trabajadoras de estas tres entidades, un 60% de la plantilla aproximadamente de las que, además, el 90% son mujeres.

Tras numerosos intentos de negociación infructuosos, al sindicato le ha quedado como única opción la demanda ante el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA). CCOO ha presentado ahora la demanda de un total de 34 trabajadoras y trabajadores que piden la reconversión inmediata de sus contratos en indefinidos.

No en vano, el sindicato lleva proponiendo en innumerables ocasiones a la Fundación Marqués de Valdecilla que regularice de una vez por todas la situación de los y las trabajadoras conforme al Estatuto de los Trabajadores y no, como ellos pretenden, mediante el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Carmelo Renedo, responsable de Empresas Públicas de FSC CCOO, ha subrayado que “la situación no es nueva sino que es algo que ya se lleva demandando en los juzgados desde hace años. La justicia nos ha dado la razón en casos anteriores pero el Gobierno erre que erre alarga esta situación con la presentación de recursos judiciales que no hacen más que perjudicar las arcas de la Administración Pública, y por tanto, de toda la ciudadanía. Un dinero, que se traduce en miles de euros, que podría emplearse en mejorar la calidad del empleo de quien realiza un trabajo esencial para la ciudadanía en materia de prevención y detección del cáncer del mama, banco de sangre, investigación sanitaria o formación de los profesionales médicos, entre otros”.

En este sentido, hay que destacar que la regularización que ahora se exige para estos tres organismos ya se ha llevado a cabo mediante distintos acuerdos en otras entidades públicas del Gobierno de Cantabria, como es el caso de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), de Cantur, del 112 o de MARE.

Descoordinación y desgobierno del Ejecutivo cántabro

Carmelo Renedo ha apuntado directamente a los gerentes de estas tres entidades; al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y al vicepresidente del Ejecutivo cántabro, Pablo Zuloaga, como “responsables directos” de una irregularidad “que se empeñan en mantener y que incluso siguen potenciando”, aún a sabiendas de que la justicia les ha quitado la razón en anteriores ocasiones. “El consejero no puede alegar desconocimiento porque conoce perfectamente que esta situación es irregular”, ha sentenciado.

El responsable de empresas públicas de CCOO ha denunciado “la mala fe” y la “soberbia” de los responsables políticos del Gobierno de Cantabria a los que se les aportó toda la jurisprudencia que hay sobre este asunto y que da la razón al sindicato. No obstante, hicieron “caso omiso a esta documentación” y convocaron al Comité de Empresa “para proponerles un reglamento interno de selección de personal que vulnera el VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria, que es el aplicable a este personal, y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tampoco cumple los preceptos legales”.

El Comité rechazó rotundamente la propuesta y, aún así, el Gobierno de Cantabria la llevó al Patronato, “ocultando información a los demás miembros y no contándoles que no se habían terminado las negociaciones con los representantes de los y las trabajadoras”, ha subrayado Renedo. Por este motivo, en cuanto este acuerdo fraudulento adquiera firmeza, porque lo aprobado es ilegal, CCOO lo recurrirá también.

Por último, Carmelo Renedo ha manifestado su rechazo al “desgobierno” y la “descoordinación” que existe en el Ejecutivo cántabro, cambia sus argumentos de forma arbitraria, “defiende una cosa y la contraria”.

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