Comisiones Obreras de Cantabria | 20 abril 2026.

1º de Mayo 2026

ENSEÑANZA

CCOO denuncia que la FP en Cantabria avanza hacia un modelo más desigual y privatizado, sostenido a costa del profesorado

    La Federación de Enseñanza ha alertado del abandono del medio rural, el deterioro de los centros, la sobrecarga con nuevas e ilegales tareas a los docentes y la dejadez en materia de prevención y vigilancia de la salud, al tiempo que ha advertido que el 30,2% de la FP ya es privada o concertada y que precisamente ahí es donde se encuentra la formación de los sectores con más demanda

    08/04/2026.
    Rafael Medina y Conchi Sánchez

    Rafael Medina y Conchi Sánchez

    La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha denunciado hoy en rueda de prensa que que la Formación Profesional (FP) en la región está evolucionando hacia un modelo cada vez más desigual, con una excesiva privatización y donde el coste por curso puede triplicar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y sostenido a costa de la sobrecarga a la que está expuesta el profesorado.

    Conchi Sánchez y Rafael Medina, secretaria general y responsable de FP, respectivamente, en la Federación de Enseñanza, han sido tajantes y, tras advertir meses atrás del crecimiento de la FP privada y concertada (el 30,2% de la FP ya es privada o concertada en la región) y de títulos con muchísima demanda tengan una oferta pública raquítica frente a la explosión de centros de pago, es decir, son títulos que, a su juicio, ‘están secuestrados’, han centrado ahora su análisis en las consecuencias de este modelo, incidiendo en el aumento de las desigualdades territoriales, el deterioro de las infraestructuras educativas y el desempeño obligado de funciones que no les corresponden por parte del profesorado.

    El grave riesgo de asumir tareas que no le competen al docente en Prevención de Riesgos

    Otro de los aspectos que han criticado ha sido la aplicación de las instrucciones del curso 2025-2026 en materia de prevención de riesgos laborales. Estas directrices “están trasladando al profesorado tareas que no le corresponden, como el mantenimiento de maquinaria o la certificación de su seguridad, lo que supone tanto una sobrecarga de trabajo como una posible exposición a responsabilidades legales”.

    En este sentido, el sindicato ha advertido del riesgo que implica la firma de controles técnicos y ha recomendado al profesorado no asumir este tipo de funciones. A ello se suma la falta de medidas reales en prevención de riesgos laborales sin apenas revisiones médicas periódicas y específicas para los docentes de FP o la falta de Equipos de Protección Individual (EPI's) y de personal laboral técnico en prevención de riesgos laborales.

    Por otra parte, sobre la situación del profesorado de apoyo, una figura muy necesaria, según han dicho, la organización ha alertado de que sufre ceses fulminantes, sin respetar siquiera los 15 días de preaviso, y falta de transparencia en unos criterios de asignación que califican de “arbitrarios” porque no respetan el orden de las listas de interinidad.

    Por último, el sindicato ha mostrado su preocupación por el modelo derivado de la Ley Orgánica 3/2022 y el Real Decreto 659/2023, al considerar que impone una dualización forzosa que vacía de contenido los centros públicos para regalar mano de obra precaria al mercado bajo un marco legal profundamente deficiente. Al aumentar las horas en empresa, de 400 a 500 y de 240 a 400, sin un contrato laboral en la modalidad general, se produce una indefensión jurídica y un fraude en la formación ya que se desplaza parte de la evaluación hacia las empresas.

    Así, han realizado algunas propuestas como la creación de FP de carpintería en zonas madereras como Toranzo o Ampuero, o FP básica agropecuaria en la zona de Liébana, que, “vista la gran necesidad que hay de profesionales, tendría un futuro asegurado”.

    La Federación de Enseñanza ha denunciado, así, una política educativa basada en la concentración de la oferta en zonas urbanas y costeras, a través de macrocentros, lo que, a su juicio, está provocando una progresiva desertificación educativa en el medio rural que obliga a parte del alumnado a desplazarse largas distancias o a recurrir a centros concertados o privados, introduciendo barreras económicas que limitan la igualdad de oportunidades y sin contar con las excesivas ratios de más de 30 personas por clase o las deficiencias del transporte público, con problemas recurrentes en los servicios de Renfe y FEVE.

    “Invitamos a todo el profesorado de FP a transmitirnos todas sus preocupaciones para poder dar voz a sus reivindicaciones. Somos docentes y exigimos que la evaluación y la formación técnica vuelvan a las aulas y a los talleres públicos”, han concluido.