Comisiones Obreras de Cantabria | 26 abril 2024.

La gran víctima de la crisis: los derechos humanos

    El informe de la sociedad civil española, en el que participa CCOO, ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas muestra un grave retroceso en Derechos Humanos desde 2010.

    20/03/2018.

    No hay un solo aspecto en el que España pueda presumir en cuanto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El informe conjunto de la sociedad civil española al Comité de DESC de Naciones Unidas, que esta semana evalúa al Estado español, está a kilómetros de distancia del informe oficial en el que se asegura que "en España, con carácter general, todas las personas, incluidas las más vulnerables, tienen acceso a los instrumentos del Estado del bienestar, ya sea en el plano nacional, regional o local".
    Sin embargo, el informe alternativo, en cuya elaboración ha participado la Confederación Sindical de CCOO y al que se adhieren 116 organizaciones de la sociedad civil, destaca "el grave retroceso de los Derechos Humanos desde mayo de 2010" y cómo "España ha desatendido sistemáticamente tanto las recomendaciones realizadas por el Comité DESC en su informe de 2012 como las realizadas por diversos organismos de la ONU que han reiterado la necesidad de cambios en las leyes y políticas españolas para cumplir con sus obligaciones internacionales". El resultado de la actitud del Gobierno español es una "regresión en los derechos de gran parte de la ciudadanía y muy especial de los grupos que sufren mayor discriminación, como son la población migrante y refugiada, comunidad gitana, personas con discapacidad, personas LGTBI y personas sin hogar".
    Según las organizaciones que se adhieren al demoledor informe de 47 páginas, "el contexto socioeconómico provocado por las políticas de recorte del gasto público, los cambios legislativos ineficaces y limitados, la desregulación del mercado laboral, la progresiva condicionalidad en el acceso a las prestaciones del sistema público de servicios sociales, la prevalencia concedida al cumplimiento del déficit presupuestario frente a cualquier otro gasto público y la falta de justiciabilidad de los DESC han tenido graves repercusiones en el ejercicio y garantías de los derechos de la población".
    Lo que se presenta en el Comité DESC de la ONU es una dura radiografía de la vulneración de derechos en casi todos los ámbitos de la vida y respecto a casi todas las obligaciones del Estado: en la cooperación internacional, donde entre 2011 y 2016 sólo se ha invertido un 0,18% de la Renta Nacional Bruta, más que lejos del 0,7% comprometido en foros internacionales; en la garantía de la igualdad y no discriminación, casi sin registros estadísticos y sin una normativa integral para la igualdad de trato y no discriminación; en la obligación de garantizar la igualdad y una vida libre de violencia; en el derecho al trabajo y los derechos laborales, con un 18% de los trabajadores y trabajadoras en riesgo de exclusión social como consecuencia de la precarización del mercado laboral y con uno de los salarios mínimos más bajos de la UE; con la libertad sindical y el derecho a huelga cercenados; en el acceso inequitativo a la seguridad social y sus prestaciones; en la protección de la familia y de la infancia, con políticas de conciliación escasas e ineficaces; en la garantía del derecho a un nivel de vida adecuado; en el acceso a la salud o a la educación?
    El informe de la sociedad civil incluye recomendaciones en cada apartado, pero, desde 2012, el Estado no ha hecho sino incumplir las recomendaciones del Comité DESC, aunque en el documento oficial del Gobierno se insista en que, "reconociendo que ciertas medidas [del Estado] pueden tener impactos negativos en determinadas personas y grupos, a través de mecanismos sugeridos por el Comité, como las ayudas económicas, se canalizan rentas para hacer frente a las necesidades del día a día de quien lo puedan necesitar".
    El Comité DESC, entre otros asuntos, le ha pedido a España que en su 63 periodo de sesiones, que se extiende del 12 al 29 de marzo, que explique "el grado en que las medidas de austeridad adoptadas por el Estado han tenido en cuenta los requisitos especificados en la carta de fecha 16 de mayo de 2012 del Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dirigida a los Estados partes, incluida la necesidad de mitigar los efectos de las medidas de austeridad en el disfrute por todos de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, como los pobres, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados".
    Las acciones del Estado son consideradas claramente insuficientes por parte de la sociedad civil agrupada en el informe, pero también por otras organizaciones, como Amnistía Internacional, que han presentado al Comité sus propios informes. Según Amnistía Internacional, cuando más hacía falta protección de los grupos humanos más vulnerables, "las autoridades españolas han adoptado medidas retrógradas y discriminatorias, que socavan el derecho a la salud de los migrantes en situación administrativa irregular, el derecho de acceso a un aborto legal y seguro, el derecho a una vivienda adecuada y los derechos de las sobrevivientes de violencia de género. Algunos de estos medidas adoptadas ni siquiera han garantizado la protección de los derechos básicos, como salud o vivienda adecuada. Además, el Estado no compiló información estadística desagregada con el fin de identificar a los individuos y grupos afectados desproporcionadamente por esas medidas".

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