Comisiones Obreras de Cantabria | 25 abril 2024.

Cantabria cierra 2020 con la mayor subida de empleo público del Estado pero a costa de altísimas tasas de temporalidad y precariedad

  • Crece el empleo público un 10% sobre el IV trimestre de 2019 y un 31% la temporalidad hasta alcanzar el 40,51%, diez puntos más que la estatal
  • Javier Báscones, coordinador del Área Pública de CCOO en Cantabria: “Se tienen que agilizar los procesos selectivos pendientes y los de estabilización y consolidación así como abordar un plan de choque en el sector público para recuperar el empleo fijo perdido

03/02/2021.
Gráfico de empleo público en Cantabria por sexo y temporalidad según la EPA del IV Trimestre de 2020

Gráfico de empleo público en Cantabria por sexo y temporalidad según la EPA del IV Trimestre de 2020

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha lamentado que el incremento de un 10% del empleo público en 2020 en la Comunidad Autónoma, que alcanza los 50.279 trabajadores y trabajadoras, esconde en realidad la sangría producida en el empleo público durante más de diez años por las escasas Ofertas de Empleo Público (OEP) y unas altísimas tasas de temporalidad, que en la región con un (40,51%), casi duplica a la del sector privado (22,44%). Una tasa de temporalidad inaceptable que refleja la precariedad del trabajo y que, además, en el caso de las mujeres llega al 44,15%.

Este es uno de los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2020 sobre empleo público que evidencia que, de no poner remedio, la precariedad seguirá instalada en las administraciones, incapaces de desarrollar las ofertas públicas de empleo y de estabilización y consolidación, y que tienen que recurrir a la temporalidad para cubrir puestos esenciales en los sectores sanitarios, educativos y de servicios sociales.

Las mujeres son, también en el sector público, las grandes perjudicadas, ya que no sólo cargan con la tasa de temporalidad más alta sino que también les afecta en lo que al empleo indefinido se refiere, pues si en general ha disminuido un 1%, en el caso de las mujeres la cifra se triplica.

Para el sindicato, el sector público es el que está manteniendo el empleo en Cantabria en este periodo de crisis, con un incremento casi de 5.000 empleados públicos por una pérdida de casi 9.000 en el sector privado. No hay que olvidar que en la región uno de cada cuatro asalariados pertenece al sector público y entre las mujeres una de cada tres.

“Para contar con unos servicios públicos de calidad y bien dotados, las administraciones públicas tienen que cumplir con los compromisos adquiridos en materia de empleo público, activar las ofertas de empleo público y los procesos de consolidación y estabilización, potenciar el desarrollo de la carrera profesional, abordar la cualificación y clasificación profesional, facilitar la movilidad interadministrativa, negociar la regulación del teletrabajo, y desarrollar una nueva Ley de Función Pública. Se tienen que agilizar los procesos selectivos pendientes y los de estabilización y consolidación así como abordar un plan de choque en el sector público para fijar el empleo fijo perdido”, ha señalado Javier Báscones, coordinador del Área Pública de CCOO de Cantabria.

Para la FSC, la pandemia ha contribuido a que valoremos los servicios públicos esenciales y la importancia de contar con unos servicios públicos de calidad, que si no cuentan con un número suficiente de equipos materiales, y con empleados públicos eficientes, no podrán afrontar con garantías una nueva crisis.

Según Báscones, “los servicios públicos son un pilar fundamental para garantizar el estado de bienestar y el acceso a los mismos en condiciones de igualdad. Ahora es el momento de preparar a los servicios públicos para afrontar futuras crisis, modernizar y rejuvenecer a las administraciones públicas y dotarlas de las plantillas adecuadas”.

Báscones ha exigido, como miembro del sindicato mayoritario en la Mesa General del Gobierno de Cantabria, “un aumento del gasto público para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales de la sanidad, los servicios sociales, la educación y la dependencia, e inversiones en materia de logística e infraestructura que favorezcan la cohesión social y territorial”.

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