Comisiones Obreras de Cantabria | 16 abril 2024.

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

CCOO denuncia represalias de la alcaldesa y la secretaria de Ruiloba hacia una trabajadora que presentó una demanda por acoso laboral

  • La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha subrayado que pocos días después de presentarse la demanda, la secretaria municipal instruyó un expediente disciplinario en la que se propone que se la sancione con seis meses de empleo
  • Ángela Sobrino: “ La política de personal que aplica Sara Portilla no sólo afecta a los servicios que se prestan sino que está suponiendo una lacra económica de las arcas municipales y son los vecinos quienes soportan y asumen el coste de estas indemnizaciones”

02/05/2023.
Ayuntamiento de Ruiloba

Ayuntamiento de Ruiloba

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado represalias de la alcaldesa de Ruiloba, Sara Portilla, así como de la secretaria municipal de dicho Ayuntamiento, a una trabajadora que presentó una demanda solicitando la extinción del contrato por incumplimiento grave tras sufrir desde hace tiempo una situación de acoso laboral. Una demanda que ha sido admitida a trámite y cuyo juicio está señalado para junio.

La federación ha señalado que pocos días después de presentar la demanda, el Ayuntamiento de Ruiloba ha abierto un expediente disciplinario en el que se propone sancionar a la trabajadora con seis meses de empleo.

“Es una represalia en toda regla pues mira qué casualidad que la instructora del expediente es la propia secretaria municipal, que también es interventora y tesorera, una de las artífices de la situación de acoso que ha sido demandada por la trabajadora”, ha señalado Ángela Sobrino, responsable del sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria.

En la demanda presentada por los servicios jurídicos de CCOO de Cantabria, se explica que la supuesta situación de acoso laboral comienza en marzo de 2020 con la incorporación de la secretaria municipal, quien desarrolla un comportamiento de hostigamiento y genera situaciones que menoscaban la dignidad de la trabajadora.

Así, se recoge que, desde ese momento, comenzaron a encargársele tareas y funciones de categoría superior que exceden de las previstas para su puesto de trabajo, tanto por titulación exigida para el acceso al puesto desempeñado como por la condición de personal laboral, lo que supone una modificación de tareas asignadas dentro de la organización de la empresa durante 20 años.

Además, en la demanda se recoge que en el ordenador de la trabajadora se instala un programa espía, se la deniegan sistemáticamente solicitudes y permisos, se difama y menosprecia su labor y se utiliza contra ella un trato degradante ante la ciudadanía, entre otras cosas.

“Es evidente que la política de personal que aplica Sara Portilla, alcaldesa de Ruiloba, es la propia de un cacique que persigue y repele a quienes no la bailan el agua”, ha afirmado Sobrino, que ha apuntado que “recientemente el Ayuntamiento de Ruiloba ha realizado una valoración de los puestos de trabajo hecha a medida, sin el acuerdo de los sindicatos participantes, que supone una modificación sustancial de varias de las personas que conforman la plantilla, a las que se les baja el sueldo. Obviamente, también lo hemos demandado ante los juzgados”.

Esta actitud déspota y caciquil queda en evidencia, según el sindicato, a la vista de que precisamente la mejor parada de esa valoración de puestos que se ha realizado es la secretaria municipal, a la que se la sube su salario de manera sustancial.

Para Sobrino, “esta nefasta política no solo está afectando a los servicios que se prestan en el Ayuntamiento si no que está suponiendo una lacra económica en las arcas municipales, siendo los vecinos quienes tienen que asumir el coste de estas indemnizaciones por vulnerar derechos de los y las trabajadoras”.

Hay que recordar que hace un año y medio aproximadamente, la alcaldesa de Ruiloba tuvo que indemnizar a una trabajadora de la Mancomunidad que ella preside con 50.000 euros por despido injustificado tras cogerse una baja médica y después de un proceso similar de hostigamiento y persecución al que está sufriendo la trabajadora que ha presentado ahora la demanda por acoso.

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